La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció este martes que la desaparición y posterior asesinato de los niños de Las Malvinas, evidenciaron graves violaciones a los derechos humanos bajo una política de seguridad militarizada.

Al apelar a que las responsabilidades políticas y de mando siguen sin investigarse, la CONAIE insistió que “la sentencia que condena a 16 militares por la desaparición forzada y asesinato de cuatro niños y adolescentes del barrio Las Malvinas en Guayaquil, ratifica lo que desde el inicio denunciaron las familias y las organizaciones de derechos humanos”.

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“El Estado ecuatoriano permitió graves violaciones a los derechos humanos en el marco de una política de seguridad militarizada. 11 militares recibieron penas de hasta 34 años de prisión como autores directos, mientras otros fueron condenados por encubrimiento y participación, confirmando la responsabilidad penal de quienes ejecutaron el crimen”, precisó la organización.

A esto, añade la confederación que la decisión judicial aún no responde plenamente a la demanda de justicia sostenida por las familias y por la sociedad, ya que no se están investigando “los responsables políticos y los altos mandos militares que diseñaron, autorizaron o toleraron una política que expuso a niños, adolescentes y comunidades enteras a la violencia estatal, así como a quienes intentaron ocultar los hechos cuando el país exigía verdad”.

Al denunciar la estructura de poder y de decisiones políticas de las que este crimen forma parte, la CONAIE añadió que “normalizaron la militarización de la seguridad interna, debilitando el control civil y vulnerando derechos fundamentales, especialmente en los territorios y barrios populares”.

Por ello, exigen que las investigaciones avancen hasta establecer responsabilidades políticas y de cadena de mando. “Las familias de Josué, Ismael, Nehemias y Steven tienen derecho a verdad, memoria y reparación integral. El país necesita desmontar las políticas de militarización que ponen en riesgo la vida de niñas, niños y jóvenes y profundizan la desigualdad y la impunidad”, manifestó la CONAIE.

“Sin verdad completa y sin responsabilidades de fondo, la herida que dejaron estos hechos seguirá abierta”, dijo la organización.

Un año después de la desaparición y asesinato de cuatro menores ecuatorianos de Guayaquil, la Fiscalía dictó sentencia contra los uniformados responsables del crimen.

Once de los sentenciados recibirán una pena de 34 años y ocho meses de prisión, mientras que cinco cooperadores eficaces cumplirán 30 meses. Un decimoséptimo acusado, el teniente coronel Juan Francisco Iglesia, fue declarado inocente.

Entre tanto las autopsias posteriores confirmaron impactos de bala en al menos tres de las víctimas, cuyos restos calcinados fueron hallados el 31 de diciembre de 2024.

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